Esta declaración fue ampliamente criticada por analistas y ciudadanos, quienes señalaron que millones de personas de bajos ingresos dependen de motocicletas y del transporte público, ambos directamente afectados por el precio de los combustibles. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha intentado minimizar el impacto, calculando que el alza sería de aproximadamente $460 por galón de gasolina y que la incidencia en la inflación sería “marginal”. Sin embargo, gremios como Andemos y la Cámara de Comercio de Montería han advertido que la medida es regresiva y perjudicial. Ante la presión, el Gobierno ha dejado entrever que este es uno de los puntos negociables de la reforma. El representante Wilmer Castellanos indicó que el incremento del IVA a los combustibles “ya no va”, sugiriendo que podría ser una de las primeras concesiones para lograr un acuerdo en el Congreso.