“Si el presupuesto sale aprobado como está planteado por $556,9 billones de pesos y no está la ley de financiamiento, será necesario hacer un ajuste al presupuesto en esta proporción”, afirmó.

Esta advertencia establece una disyuntiva para el Congreso: aprobar nuevos impuestos o enfrentar una reducción significativa en el gasto público que afectaría a numerosas entidades y programas clave del Gobierno.

Esta estrategia ha sido interpretada por algunos sectores políticos como una forma de presionar al legislativo. La senadora Angélica Lozano sugirió que la iniciativa podría ser una “estrategia política para decir: ‘no me dejaron, el Congreso lo negó’, como argumento de campaña del Pacto Histórico”. El Gobierno insiste en que la reforma es indispensable para garantizar la financiación de programas sociales y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la falta de apoyo en el Congreso, incluso entre algunos aliados, ha hecho que el escenario del recorte presupuestal sea una posibilidad real. Esta alternativa implicaría una reevaluación completa de las prioridades del Gobierno para su último año de mandato y podría tener un impacto significativo en la inversión social y económica del país, afectando la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.