Las críticas se centran en el carácter regresivo de los impuestos al consumo y en las mayores cargas sobre la renta y el patrimonio. La senadora Angélica Lozano ha sido una de las voces más enfáticas, declarando que “la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro clava de frente y duro a la clase media”.

Esta percepción se basa en el efecto combinado de varios gravámenes. El aumento del IVA a combustibles, bebidas y servicios encarecerá el costo de vida.

Según estimaciones, una familia promedio podría enfrentar un gasto adicional anual de hasta $480.000. Además, se proponen ajustes sensibles en el impuesto de renta para personas naturales, con un aumento de la tarifa máxima al 41% y la eliminación de deducciones como la de dependientes. En el ámbito empresarial, la propuesta es vista como una amenaza a la competitividad y la inversión.

Gonzalo Caicedo Esper, profesor de EAFIT, señala que gravar insumos como combustibles golpea de forma diferenciada a las economías locales y que los pequeños y medianos empresarios enfrentarán costos más altos que pueden frenar su crecimiento. La reforma también contempla una sobretasa de renta para el sector financiero, que podría llegar al 50%, un costo que, según expertos, probablemente se trasladará a los usuarios a través de mayores tasas de interés. Simón Gaviria, en su columna, la califica como una “reforma contra los pobres, la clase media y el empleo”, que destruye oportunidades y empuja al país hacia la recesión.