Esta carga fiscal, argumentan, haría los productos legales inaccesibles para muchos consumidores, abriendo una puerta peligrosa al contrabando y al licor adulterado, con graves consecuencias para la salud pública.

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) también ha manifestado su inquietud, señalando el riesgo para la economía nocturna y el turismo. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como una estrategia de salud pública para desincentivar el consumo de productos nocivos. Sin embargo, los críticos insisten en que, sin un plan robusto para combatir la ilegalidad, el principal efecto será una caída en el recaudo legal que financia la salud y el deporte en las regiones, y un fortalecimiento de las redes criminales que se lucran del contrabando.