Esta medida, que ha sido intentada sin éxito en el pasado, busca aplicar el régimen ordinario a negocios como cafeterías, centros vacacionales, hoteles y venta de publicaciones. El Ministerio de Hacienda ha especificado que “no se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia, sólo las actividades comerciales”. La propuesta se fundamenta en el considerable patrimonio de las iglesias en Colombia, que según la DIAN asciende a $19 billones. El centro de estudios Dejusticia ha respaldado la iniciativa, argumentando que las exenciones tributarias actuales vulneran el principio de Estado laico y favorecen a religiones institucionalizadas, ignorando que algunas congregaciones han amasado grandes fortunas e incluso han sido utilizadas para el lavado de activos.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia en los sectores religiosos.

Líderes como el pastor Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar argumentan que gravar estas actividades “desconoce la misión social que estas cumplen”, ya que los recursos generados “no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales”. Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de Neiva, coincide en que el objetivo de estas actividades comerciales es “la construcción de tejido social”.

El pastor Rubén Darío Figueroa Muñoz incluso contrapropuso que las iglesias deberían recibir ayudas económicas del Estado para desarrollar sus actividades sociales.

Este punto de la reforma se perfila como uno de los debates más complejos, donde se enfrentan principios de equidad fiscal y laicidad con la defensa de la labor social de las organizaciones religiosas.