Uno de los puntos más controvertidos de la reforma tributaria es el aumento gradual del IVA a los combustibles, que pasaría del 5% actual al 19%. La medida ha sido criticada por su potencial impacto inflacionario y su afectación directa al costo de vida de la mayoría de los colombianos. El proyecto establece que el IVA para la gasolina corriente subirá al 10% en 2026 y al 19% en 2027, mientras que para el ACPM (diésel) la tarifa será del 10% en 2026 y 2027, y del 19% a partir de 2028. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha intentado minimizar las consecuencias, calculando que el impacto sobre el galón de gasolina sería de aproximadamente $460 y en el ACPM de $250, calificándolo de “incidencia marginal muy pequeña”.
Sin embargo, esta visión es rebatida por gremios y analistas.
La Cámara de Comercio de Montería y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) advierten que, dado que más del 90% de la movilidad en el país depende de combustibles fósiles, el alza encarecerá el transporte de alimentos y bienes, afectando directamente la canasta familiar. La Corporación de Transportadores Urbanos de Medellín (CTU) alertó que esta medida podría incrementar el pasaje de bus en $800, llevándolo a $4.200. En respuesta a las críticas, el presidente Gustavo Petro afirmó que “el pobre no usa casi la gasolina”, un comentario que generó una fuerte reacción social y fue calificado como una desconexión con la realidad de millones de colombianos que dependen de motocicletas y del transporte público. Ante la presión, el Gobierno habría accedido a eliminar esta propuesta como parte de las negociaciones en el Congreso.
En resumenEl propuesto aumento del IVA a los combustibles del 5% al 19% ha generado un amplio rechazo por su previsible impacto en la inflación y el costo de vida, afectando el transporte y el precio de los alimentos, lo que ha obligado al Gobierno a reconsiderar la medida.