El proyecto plantea que cuando el precio del carbón supere el percentil 65 de sus precios históricos, se aplicaría una sobretasa de 15 puntos porcentuales. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esto elevaría la tarifa efectiva de renta para el sector a un rango entre el 45% y el 50%. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, ha calificado estas medidas como una "fase extrema de persecución ideológica" hacia la industria.

Adicionalmente, se mantendría el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón. Los gremios argumentan que estas medidas son confiscatorias, afectan la competitividad del país y podrían tener consecuencias negativas sobre la inversión extranjera directa y la generación de empleo. Advierten que la incertidumbre regulatoria y fiscal aleja a los inversionistas, poniendo en riesgo no solo a las empresas, sino también los encadenamientos productivos y los recursos para las regiones productoras.

Aunque el Gobierno defiende las medidas como parte de su estrategia de transición energética, el sector minero-energético señala la falta de políticas claras para sustituir la actividad extractiva.