El aumento en los combustibles, por ejemplo, encarecería toda la cadena logística, impactando el precio final de los alimentos. Senadores como Efraín Cepeda y Juan Felipe Lemus han reforzado esta visión, señalando que los nuevos gravámenes a licores, espectáculos y otros bienes de consumo masivo serán pagados por "la gente del pueblo raso". Esta percepción de inequidad se ha convertido en el principal obstáculo político para la reforma, pues socava su legitimidad y la presenta no como una herramienta de justicia social, sino como una medida fiscal que empobrecerá a la mayoría para financiar el gasto estatal.