Un ejemplo del impacto es que un vehículo híbrido de $100 millones pasaría a costar $113,3 millones.

Esta medida es percibida por analistas y por el sector automotor no como una política ambiental, sino como una decisión puramente recaudatoria que ignora las consecuencias a largo plazo para la movilidad sostenible y los compromisos medioambientales del país. La controversia se suma a otras críticas que apuntan a que la reforma prioriza el recaudo fiscal inmediato sobre incentivos estratégicos para el desarrollo económico y ambiental.