Por su parte, el Gobierno justifica la medida no solo por el recaudo, sino también como una política de salud pública para desincentivar el consumo de productos nocivos. Sin embargo, los críticos argumentan que, sin un plan robusto contra la ilegalidad, el efecto podría ser contraproducente, reduciendo el recaudo legal que hoy financia la salud y el deporte en las regiones.