Mientras el Ministerio de Hacienda busca gravar negocios como cafeterías o centros vacacionales, líderes religiosos argumentan que dichos ingresos financian su labor social.

La iniciativa establece que las confesiones religiosas con ingresos provenientes de actividades mercantiles comiencen a pagar el impuesto sobre la renta del régimen ordinario sobre dichas utilidades. El Ministerio de Hacienda ha recalcado que “no se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia, sólo las actividades comerciales como venta de publicaciones y artículos, alquileres de salones y planes de turismo religioso”. La medida se sustenta en cifras como las de la DIAN, que indican que el patrimonio líquido de las iglesias en Colombia asciende a $19 billones.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia.

Pastores como Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar sostienen que gravar estas actividades “desconoce la misión social que estas cumplen” y que los recursos generados “no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales”.

En contraste, organizaciones como Dejusticia han argumentado a favor del impuesto, apelando a los principios del Estado laico y señalando que las exenciones actuales favorecen a religiones institucionalizadas y desconocen que algunas congregaciones han amasado grandes fortunas, e incluso han sido utilizadas para el lavado de activos.