Por su parte, Javier Díaz, de Analdex, señaló que los mayores costos logísticos derivados del impuesto a los combustibles comprometen la meta exportadora del país. La preocupación central es que, al exprimir a los sectores formales que ya soportan una alta carga tributaria, se desincentiva la inversión, se frena la generación de empleo y se consolida un modelo poco competitivo que expulsa a los inversionistas.
Gremios advierten sobre pérdida de competitividad fiscal y riesgo para la inversión
Gremios empresariales como la Andi, Anif y AmCham han expresado una profunda preocupación por el impacto que la nueva reforma tributaria podría tener sobre la competitividad del país y el clima de inversión. Advierten que el aumento de la carga impositiva sobre el sector productivo y el capital podría agravar la ya precaria posición de Colombia en rankings internacionales y fomentar la salida de capitales. El debate se enmarca en un contexto desfavorable: el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2024 ubicó a Colombia en el último puesto entre los 38 países de la OCDE por segundo año consecutivo. En este escenario, la propuesta de aumentar la tarifa de renta a las entidades financieras al 50%, crear un impuesto especial a la extracción de petróleo y carbón, y elevar al 30% el impuesto a los dividendos para no residentes es vista como una medida que resta atractivo al país. José Ignacio López, presidente de Anif, afirmó que la reforma va “en contra de la inversión y el crecimiento del país” y que si se mantiene este tipo de tributación, “muchos colombianos seguirán emigrando y sigamos exportando capital”. María Claudia Lacouture, de AmCham, hizo un llamado a garantizar la estabilidad jurídica, argumentando que la solución a la crisis fiscal no es aumentar la carga sobre las mismas empresas, sino fomentar el crecimiento.



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