Diversos artículos señalan una contradicción fundamental: mientras el Gobierno pide un esfuerzo tributario a ciudadanos y empresas, el gasto público, especialmente en funcionamiento, ha crecido de manera desbordada. El presupuesto para 2026, de $557 billones, representa un aumento nominal acumulado del 57% desde 2022.

Críticos como Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionan este incremento, señalando que “mientras el gobierno le está pidiendo esfuerzos a los hogares colombianos y a las empresas, no hace esfuerzos por reducir el gasto”. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el recaudo tributario no alcanzará las metas y ha recomendado un recorte de gastos que podría superar los $40 billones. La percepción generalizada es que el problema fiscal no es solo de ingresos insuficientes, sino de un “modelo fiscal agotado” y un “Estado ineficiente”. Se critica el aumento de la burocracia y la contratación por prestación de servicios, mientras se recortan rubros de inversión.

El exministro José Antonio Ocampo ha sido claro al afirmar que no tiene sentido proponer una reforma “sin proponer un recorte de gastos”, ya que “el crecimiento del gasto es muy alto”. Esta tensión define el núcleo del debate: ¿debe el país seguir financiando un aparato estatal en expansión con “impuestos confiscatorios” o debe el Gobierno priorizar la eficiencia y la austeridad antes de solicitar más recursos a la sociedad?