La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) ha sido una de las voces más críticas, advirtiendo que la carga tributaria total sobre sus productos podría aumentar hasta en un 90%. Esteban Ramos, gerente de la FLA, calculó que una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy paga $17.500 en impuestos, pasaría a pagar $33.000.

Esto implicaría un incremento en el precio final al consumidor de más del 48% para el aguardiente y del 45% para los rones. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las preocupaciones, señalando que el aumento de precios inevitablemente impulsará el contrabando, que ya alcanza un 36% en la región para licores, reduciendo las ventas legales y, por ende, los recursos que los departamentos destinan a salud, educación y deporte. Asobares también ha manifestado su preocupación por el riesgo para la economía nocturna y el turismo.

De manera similar, la reforma plantea un drástico aumento en los impuestos al tabaco, buscando que el gravamen represente cerca del 75% del precio final de la cajetilla, en línea con recomendaciones de la OMS. Se estima que el impuesto específico para una cajetilla de 20 unidades pasaría de $4.068 a $11.200, lo que reduciría el consumo legal pero, según los críticos, abriría las puertas a la ilegalidad y afectaría las finanzas departamentales.