Por su parte, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo ha expresado que no le ve “viabilidad política” y ha pedido al Congreso no aprobarla sin un recorte significativo del gasto público.

Críticos como Simón Gaviria han sido más tajantes, afirmando que es una “reforma contra los pobres, la clase media y el empleo” que “no debe negociarse, debe hundirse”.

La propuesta enfrenta un ambiente político adverso en el Congreso, donde se anticipa un debate complejo sobre su conveniencia en un contexto de desaceleración económica y presiones inflacionarias.