La nueva reforma tributaria ha sido calificada por diversos sectores como un duro golpe para la clase media y los hogares de menores ingresos. A pesar de la insistencia del Gobierno en que la carga recaerá sobre los más ricos, analistas, gremios y congresistas advierten que el grueso del recaudo provendrá de impuestos indirectos que afectan el consumo general. El proyecto ha sido catalogado como “una reforma contra los pobres, la clase media y el empleo” por figuras como el exdirector del DNP, Simón Gaviria, quien en una columna de opinión afirmó que “gravar aun mas alimentos, como lo propone esta reforma, no es redistribuir: es condenar a millones de familias a elegir entre pagar los impuestos o alimentar a sus hijos”. La senadora Angélica Lozano ha sido igualmente enfática: “La reforma tributaria presentada por el gobierno Petro clava de frente y duro a la clase media”.
Las críticas se centran en el aumento del IVA a combustibles, que encarecerá el transporte y los alimentos, y en nuevos gravámenes a servicios de consumo masivo como espectáculos, plataformas digitales y bebidas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la calificó como “probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas de todos los que se ha presentado durante todos los últimos años”, argumentando que un IVA a los combustibles impacta directamente toda la canasta familiar. Fenalco, por su parte, la considera una “bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos”. Expertos estiman que los cambios podrían encarecer la vida diaria de una familia promedio entre $20.000 y $40.000 mensuales, lo que representa hasta $480.000 adicionales al año.
En resumenA pesar del discurso oficial, existe un amplio consenso entre críticos de que la reforma tributaria es regresiva y afectará desproporcionadamente a la clase media y a los hogares vulnerables. El aumento de impuestos indirectos sobre combustibles, alimentos y servicios de consumo masivo es el principal foco de preocupación.