El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha radicado en el Congreso su tercera reforma tributaria, denominada oficialmente “Ley de Financiamiento”, con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos adicionales. Estos recursos son considerados indispensables para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, aforado en 556,9 billones de pesos. La propuesta, calificada como una de las más ambiciosas de las últimas décadas, se estructura en cuatro ejes principales: la reducción de gastos tributarios (exenciones y beneficios), ajustes en los impuestos de renta y patrimonio, la creación de gravámenes ambientales y de salud pública, y mejoras en los procedimientos de recaudo de la DIAN. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la iniciativa como “progresista”, asegurando que “está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico el país”. El presidente Petro ha reforzado esta narrativa, afirmando que “la reforma tributaria va hacia los más ricos del país”.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta un ambiente adverso en el Congreso y ha sido objeto de duras críticas por parte de gremios como la Andi y Fenalco, exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, y diversos partidos políticos, quienes la consideran inoportuna, regresiva y perjudicial para la economía. Argumentan que, en lugar de proponer nuevos impuestos, el Gobierno debería enfocarse en una política de austeridad y en mejorar la eficiencia del gasto público, que ha crecido de manera desbordada. El exministro Restrepo la calificó como “inoportuna, innecesaria e inviable”, mientras que la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) sentenció que “la solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos”.
En resumenLa tercera reforma tributaria del Gobierno Petro busca un recaudo histórico de $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026, enfocándose, según el Ejecutivo, en las rentas más altas. No obstante, enfrenta una fuerte oposición que la considera una carga excesiva para la ciudadanía y las empresas, y exige en su lugar un recorte del gasto público.