La propuesta de reforma tributaria ha encontrado una férrea oposición por parte de gremios empresariales, partidos políticos, exministros de Hacienda y gobernadores, quienes coinciden en que es inoportuna, regresiva y perjudicial para la economía. La principal crítica se centra en que el Gobierno busca aumentar el recaudo sin implementar una política de austeridad en el gasto público. Desde el momento de su radicación, la iniciativa ha sido blanco de duras críticas. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, la calificó como "la reforma tributaria más dura con los hogares de toda la historia", mientras que el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la describió como una "bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos". Ambos líderes gremiales argumentan que la propuesta exige sacrificios a ciudadanos y empresas mientras el gasto del Gobierno "crecerá más del 10%".
Políticamente, el ambiente es adverso. El expresidente César Gaviria afirmó que el Congreso "no puede premiar a un gobierno que derrocha recursos" y pidió retirar la iniciativa.
Senadores como Efraín Cepeda y Ciro Ramírez han manifestado su voto negativo, argumentando que la reforma "golpea a los más vulnerables".
Exministros de Hacienda de diferentes gobiernos, incluyendo a José Antonio Ocampo (del propio gobierno Petro), José Manuel Restrepo y Alberto Carrasquilla, coincidieron en un foro en que el proyecto no será aprobado, criticando el crecimiento desbordado del gasto. Ocampo fue contundente al pedirle al Congreso "que no apruebe absolutamente nada" si no se presenta un plan de recorte de gastos.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también expresó su rechazo, advirtiendo que afectará las rentas departamentales.
En resumenLa reforma tributaria enfrenta una amplia oposición de sectores políticos, gremiales y académicos que la consideran inoportuna y dañina para la economía. El consenso crítico apunta a la falta de un plan de austeridad por parte del Gobierno, argumentando que no se debe aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos y empresas para financiar un gasto público creciente e ineficiente.