La propuesta se fundamenta en los significativos recursos que maneja el sector; según datos de la DIAN citados en los artículos, las iglesias registraron ingresos brutos por $8,06 billones en 2023 y acumulan un patrimonio líquido cercano a los $19 billones. La iniciativa ha generado una fuerte reacción en el Congreso. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, la calificó como "un acto de segregación contra la labor social que históricamente han realizado las confesiones religiosas" y anunció que se opondrá a su aprobación, tal como lo hizo en 2022. El debate se centra en definir qué se considera una actividad mercantil y cómo se implementará la fiscalización sin afectar la labor social y espiritual de estas organizaciones.