El proyecto de ley propone aumentar la sobretasa del impuesto de renta para las instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa, elevando la tarifa total al 50%.

El Gobierno justifica esta medida señalando que el sector financiero goza de beneficios tributarios que resultan en una tarifa efectiva baja, por lo que se busca una mayor contribución. Sin embargo, analistas como Zully Orozco y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advierten que este costo adicional no será asumido por los banqueros, sino que "se terminan traduciendo en mayores tasas de interés y restricciones al crédito", afectando a ciudadanos y empresas. Para el sector minero-energético, la reforma plantea una sobretasa variable para el petróleo y el carbón, atada a los precios internacionales, además de un nuevo impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de estos recursos.

Estas cargas se suman al aumento del impuesto al carbono, que duplicará su tarifa.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y otros gremios han señalado que estas medidas restan competitividad al país, desincentivan la inversión extranjera y ponen en riesgo la llegada de divisas.

El expresidente César Gaviria también criticó la iniciativa, afirmando que el Gobierno pretende "seguir asfixiando sectores estratégicos".