El proyecto contempla elevar el IVA de licores como aguardiente, ron y vino del 5% al 19%. Además, modifica y unifica el impuesto al consumo, estableciendo un componente ad valorem del 30% sobre el precio final y uno específico de $1.000 por grado de alcohol por litro. La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) ha sido una de las voces más críticas; su gerente, Esteban Ramos, alertó que estas medidas podrían incrementar el precio de una botella de aguardiente en casi un 50%, pasando de $37.000 a $52.000. Ramos afirmó que esto representa "el fin de la industria licorera en Colombia", ya que "incentivará el contrabando y el mercado ilegal de licor adulterado". La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las críticas, señalando que el aumento de precios reducirá las ventas legales y, por ende, los ingresos departamentales que financian salud, educación y deporte.

"Nos van a llenar de contrabando", advirtió.

En cuanto a los productos de tabaco, la reforma propone un fuerte aumento, llevando el impuesto específico por cajetilla de 20 unidades de $4.068 a $11.200, y estableciendo nuevos gravámenes para vapeadores y nicotina oral, lo que podría reducir el consumo en un 40%, según estimaciones del Gobierno.