El proyecto, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca financiar un presupuesto de 556,9 billones de pesos para 2026. La iniciativa consta de 95 artículos y se estructura en cuatro ejes principales: gasto tributario, renta y patrimonio, otros impuestos y medidas de control de la DIAN. Según el ministro Ávila, la reforma es "progresista" y está diseñada para "no afectar las clases populares y clase media", enfocándose en personas naturales de mayores ingresos y grandes empresas. El Gobierno ha insistido en que no se tocarán los productos de la canasta familiar.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas.

Exministros como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo la han calificado de "inoportuna", "innecesaria" e "inviable", argumentando que no se proponen recortes de gasto y que podría afectar la inversión. Gremios como la ANDI y Fenalco han advertido que la reforma es "la más dura con los hogares de toda la historia" y que podría llevar al país a una recesión. Políticamente, el ambiente en el Congreso es adverso, especialmente por la cercanía de las elecciones de 2026.

Varios congresistas, como el senador Efraín Cepeda, han manifestado que "no permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos".