Sobre estas últimas, tributarían bajo el régimen ordinario como cualquier otra empresa.

Esta propuesta surge en un contexto donde, según cifras de la DIAN, las iglesias en Colombia registraron ingresos brutos por $8,06 billones en 2023 y acumulan un patrimonio líquido cercano a los $19 billones.

El Gobierno argumenta que la medida busca equidad tributaria, asegurando que los negocios paralelos que puedan tener algunas congregaciones, como librerías, cafeterías o el arrendamiento de propiedades, aporten al sistema.

Sin embargo, la iniciativa ya enfrenta una fuerte oposición.

La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, la calificó como un "acto de segregación" que desconoce la naturaleza no mercantil y el aporte social de las confesiones religiosas, y anunció que dará la batalla en el Congreso para frenarla. El debate se centra en definir qué se considera una "actividad mercantil" y cómo se diferenciará de las actividades de sostenimiento propias del culto, un punto que, según el ministro de Hacienda, quedará en manos de la DIAN.