En varias intervenciones, desmintió lo que calificó como "información mentirosa e imprecisa" que circula en redes sociales sobre supuestos impuestos a la canasta familiar o a las cuotas de administración residencial. Según el mandatario, los nuevos gravámenes se concentran en "dividendos, herencias, fusiones empresariales, hidrocarburos y productos que afectan la salud". Además, lanzó una advertencia al Congreso: si la reforma se hunde, "no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit". Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha reiterado que el proyecto busca crear un "gran pacto fiscal" para garantizar la estabilidad macroeconómica del país a mediano plazo, beneficiando incluso al próximo gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a la defensa calificando de "cínicos y mentirosos" a quienes afirman que se gravará a la clase media, y aseguró que la ley "no es para este gobierno, sino para el futuro del país".
Gobierno defiende la reforma como una medida de equidad y responsabilidad fiscal
Frente a la ola de críticas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido vehementemente la reforma tributaria, presentándola como una herramienta indispensable para la equidad social, la estabilidad fiscal y la financiación de programas clave en salud y educación. El Ejecutivo insiste en que la carga impositiva recaerá sobre los sectores de mayores ingresos y no sobre la clase trabajadora o los más vulnerables. El presidente Petro ha sido el principal vocero de esta defensa, asegurando que "la reforma tributaria va hacia los más ricos del país".



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