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Desde su radicación, la Ley de Financiamiento 2025 ha enfrentado un aluvión de críticas por parte de gremios empresariales, partidos de oposición y exfuncionarios, quienes coinciden en que la iniciativa es inoportuna, excesiva y perjudicial para la economía colombiana. El consenso general es que el Gobierno debería priorizar la austeridad en el gasto antes de imponer una mayor carga fiscal a los ciudadanos y empresas. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó el proyecto como "probablemente el que más va a afectar a las familias colombianas de todos los que se ha presentado durante todos los últimos años", advirtiendo que el IVA a los combustibles impactará toda la canasta familiar. Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la tildó de "aberrante" y una "bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos", argumentando que se busca que los ciudadanos asuman el costo de una "mala gestión fiscal". María Claudia Lacouture, de AmCham Colombia, hizo un llamado a la "disciplina del gasto", afirmando que "la solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos". Desde el ámbito político, el expresidente César Gaviria la describió como un "verdadero despropósito" que busca financiar "pretensiones burocráticas y clientelistas".
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Exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo también se opusieron. Ocampo pidió al Congreso "no aprobar absolutamente nada" si no se presenta un plan de recorte de gastos, mientras que Restrepo la calificó de "inoportuna, innecesaria e inviable".
En resumen
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Diario del Huila
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