Las modificaciones buscan aumentar la progresividad del sistema, pero han sido criticadas por eliminar beneficios clave para la clase media trabajadora. En el impuesto de renta, aunque se mantiene la exención para ingresos de hasta 1.090 UVT, se ajustan las tarifas marginales para rangos superiores. Por ejemplo, la tarifa para ingresos entre 1.700 y 4.100 UVT sube del 28% al 29%, y se introduce un nuevo tramo del 41% para quienes superen las 31.000 UVT anuales.

Según expertos, esto significa que trabajadores con salarios desde $8,7 millones mensuales comenzarían a pagar más.

Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la deducción por dependientes económicos, un alivio que beneficiaba a familias de clase media. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, criticó la medida, afirmando que contradice la promesa de no subir impuestos a quienes ganaran menos de $10 millones mensuales.

Por otro lado, el impuesto al patrimonio se endurece significativamente.

El umbral para empezar a tributar se reduce de 72.000 UVT (aproximadamente $3.585 millones) a 40.000 UVT (cerca de $1.992 millones), lo que ampliaría la base de contribuyentes en más de 105.000 personas. Además, se establecen nuevas tarifas progresivas que llegan hasta el 5% para los patrimonios más altos, una de las tasas más elevadas a nivel internacional, lo que según analistas podría incentivar la fuga de capitales.