El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República la Ley de Financiamiento 2025, una ambiciosa reforma tributaria con la que busca recaudar $26,3 billones para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026, aforado en $557 billones. La iniciativa, la tercera del mandato del presidente Gustavo Petro, propone profundos cambios en el IVA, impuesto de renta, patrimonio y gravámenes al consumo, generando un intenso debate sobre su viabilidad y consecuencias económicas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el proyecto como un paso necesario para "garantizar la estabilidad de las finanzas del país" y aseguró que se trata de un "gran pacto fiscal" que beneficiará no solo a la actual administración, sino también al próximo gobierno. La propuesta se centra en aumentar la progresividad del sistema, gravando a personas de mayores ingresos y sectores con alta rentabilidad, mientras se afirma que no se tocarán los productos de la canasta familiar. Entre las medidas clave se encuentran el aumento del IVA para combustibles, licores, vehículos híbridos y juegos de azar; el incremento de la tarifa de renta para personas naturales con ingresos medios-altos y una sobretasa para el sector financiero; la reducción del umbral para el impuesto al patrimonio; y nuevos tributos para el sector minero-energético.
Sin embargo, la reforma enfrenta un ambiente político adverso.
Gremios como la ANDI y Fenalco, así como exministros como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, la han calificado de "inoportuna", "innecesaria" y perjudicial para la inversión y el consumo.
La oposición en el Congreso, incluyendo al expresidente César Gaviria, ha manifestado su rechazo, argumentando que el Gobierno debería enfocarse en reducir el gasto público en lugar de "ahogar con más impuestos a los trabajadores y a las empresas".
En resumenLa reforma tributaria 2025 es la apuesta fiscal más grande del gobierno Petro, buscando un recaudo récord para financiar un presupuesto expansivo. Aunque el Ejecutivo la defiende como una medida de equidad y responsabilidad fiscal, enfrenta una fuerte resistencia política y gremial que advierte sobre sus potenciales efectos negativos en la economía, la inflación y el bolsillo de la clase media, lo que augura un trámite legislativo complejo.