Además, se mantiene la exención de IVA y aranceles para la importación de equipos destinados a energías limpias. En contraste, la reforma aplica el “garrote” al sector de hidrocarburos. Se propone un aumento de casi el 100 % en la tarifa del impuesto al carbono, pasando de cerca de $24.000 a más de $42.000 por tonelada de CO₂. Adicionalmente, se reduce el descuento que las empresas pueden obtener por la compra de bonos de carbono para compensar sus emisiones, pasando de un 50 % a un máximo del 30 % del impuesto causado. Expertos consultados por La Silla Vacía advierten que esta reducción podría “marchitar” el mercado de bonos de carbono. Finalmente, se propone un impuesto especial del 1 % a la primera venta o exportación de petróleo y carbón, lo que afectaría directamente a empresas como Ecopetrol.
Reforma plantea un enfoque de 'zanahoria y garrote' para la transición energética
La reforma tributaria presenta un enfoque dual para la transición energética, combinando incentivos para la inversión en energías limpias con un endurecimiento de las cargas fiscales sobre los combustibles fósiles y las actividades extractivas. Esta estrategia de “zanahoria y garrote” busca alinear la política fiscal con los objetivos ambientales del país, aunque algunas medidas han sido vistas como contradictorias. Por el lado de los incentivos, el proyecto propone la creación de “bonos de transición energética”, que permitirían a quienes inviertan en proyectos de generación con fuentes renovables deducir hasta el 50 % del valor de la inversión en su impuesto de renta, en un plazo de hasta 15 años. Estos bonos serían negociables en el mercado, generando liquidez para los desarrolladores.



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