La reforma tributaria del Gobierno Petro retoma dos temas de alta sensibilidad social y política: la imposición de impuestos a las iglesias y la regulación fiscal de los juegos de azar en línea. Ambas propuestas buscan ampliar la base tributaria a sectores que hasta ahora gozaban de exenciones o regímenes especiales, generando un considerable recaudo adicional. El proyecto establece que las iglesias y confesiones religiosas deberán pagar impuesto sobre la renta bajo el régimen ordinario por todos los ingresos que provengan de actividades mercantiles, diferenciándolos de aquellos directamente relacionados con el culto, que seguirían exentos. Esto implicaría que negocios como librerías, cafeterías o colegios operados por entidades religiosas tendrían que tributar como cualquier otra empresa.
La medida ha sido rechazada por congresistas de bancadas religiosas, como la senadora Lorena Ríos, quien la considera un desconocimiento al aporte social de estas organizaciones. Por otro lado, la reforma busca convertir en permanente el IVA del 19 % sobre los juegos de suerte y azar operados por internet, una medida que se había implementado de forma transitoria. El impuesto se causaría sobre el valor del depósito o recarga que realiza el usuario. Según el Gobierno, esta medida podría recaudar $1,6 billones en 2026. Sin embargo, gremios como Asjuegos, presidido por Juan Carlos Restrepo, advierten que gravar el depósito y no la ganancia desincentiva la participación en plataformas legales e invita a los operadores a operar desde el exterior para evadir la carga fiscal completa, lo que podría reducir el recaudo destinado a la salud.
En resumenLa propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias y consolidar el IVA a las apuestas en línea busca cerrar vacíos fiscales y aumentar el recaudo. No obstante, ambas medidas enfrentan una fuerte oposición que advierte sobre posibles efectos negativos en la labor social de las iglesias y en la sostenibilidad del sector de juegos legales.