Además, se proponen medidas que afectan directamente a la clase media trabajadora, como la eliminación de la deducción por dependientes, un alivio que beneficiaba a hogares con hijos o familiares a cargo.

También se busca eliminar el descuento del 19 % para dividendos superiores a 1.090 UVT.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la reforma propone reducir el umbral de entrada de 72.000 UVT ($3.585 millones) a 40.000 UVT ($1.992 millones), lo que ampliaría el número de declarantes en más de 105.000 personas.

Asimismo, se establecen tarifas progresivas que van desde el 0,5 % hasta un máximo del 5 % para los patrimonios más altos.

Analistas como el abogado Mauricio Marín Elizalde han advertido que estas medidas podrían provocar una fuga de capitales y desincentivar la planificación patrimonial.