Este “incremento desproporcionado”, aseguran, generará un “efecto boomerang”: la caída del consumo legal y un aumento del contrabando y la venta de licor adulterado, con graves consecuencias para la salud pública. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se sumó a la preocupación, afirmando que la medida reducirá las rentas departamentales, que dependen de estos impuestos para financiar salud, educación y deporte.

“Nos van a llenar de contrabando”, sentenció.

El Gobierno, por su parte, justifica la medida argumentando que busca desincentivar el consumo de productos nocivos y generar recursos para el sistema de salud.