El proyecto, radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, está compuesto por 95 artículos que proponen modificaciones estructurales al Estatuto Tributario, abarcando desde el IVA y el impuesto de renta hasta el patrimonio y los gravámenes al consumo. Según el ministro Ávila, la reforma es de carácter progresista y busca que “quienes concentran mayores ingresos contribuyan en mayor proporción”, asegurando que no se tocarán los productos de la canasta familiar. La iniciativa se tramitará en paralelo a la discusión del presupuesto para 2026, que asciende a $557 billones y presenta un desfinanciamiento equivalente al recaudo esperado de la reforma. El Gobierno ha enfatizado que la ley no solo busca cubrir las necesidades fiscales de 2026, sino también “garantizar la estabilidad fiscal y macroeconómica para todo el próximo gobierno”.

Sin embargo, la propuesta enfrenta un ambiente político adverso en el Congreso, especialmente por su trámite en un año preelectoral. Sectores de oposición y analistas vaticinan un difícil camino legislativo, similar al que enfrentó y no superó la ley de financiamiento de 2024, lo que podría dejar nuevamente el presupuesto del país sin los recursos necesarios para su ejecución.