Esta no es la primera vez que se intenta gravar a las iglesias, pero la propuesta actual se enmarca en un esfuerzo más amplio por eliminar beneficios tributarios. Según datos de la DIAN, estas entidades acumulan un patrimonio cercano a los 19 billones de pesos y registraron ingresos brutos por más de 8 billones en 2023.

La medida ha generado una reacción inmediata en el Congreso. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, calificó la propuesta como "un acto de segregación contra la labor social que históricamente han realizado las confesiones religiosas" y aseguró que dará la batalla para frenar la iniciativa, tal como lo hizo en 2022. Para sus defensores, la medida busca equidad tributaria, asegurando que los negocios operados por entidades religiosas, como librerías o cafeterías, compitan en igualdad de condiciones con otros establecimientos comerciales.