La reforma tributaria propone un significativo aumento en la carga impositiva sobre bebidas alcohólicas y productos de tabaco, lo que podría incrementar el precio final de una botella de aguardiente hasta en un 48%. La medida ha generado una fuerte reacción de la industria licorera y de gobernaciones, que advierten sobre un posible aumento del contrabando y una reducción en los recursos destinados a la salud y la educación. El proyecto contempla elevar el IVA para licores como aguardiente, ron y whisky del 5% al 19%, y modificar el impuesto al consumo para todas las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, unificando la tarifa con un componente ad valorem del 30% y uno específico de $1.000 por grado de alcohol. Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), alertó que una botella de Aguardiente Antioqueño podría pasar de $37.000 a $52.000, un incremento cercano al 45%. Ramos calificó la medida como "el fin de la industria licorera en Colombia", argumentando que "incentivará el contrabando y el licor adulterado". Esta preocupación es compartida por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien afirmó que la propuesta es "profundamente inconveniente para los departamentos" porque "nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir y vamos a tener menos posibilidades de invertir".
El senador Carlos Julio González Villa también señaló el "doble riesgo" de afectar las rentas departamentales que financian salud, deporte y cultura.
Adicionalmente, la reforma propone aumentar el gravamen a la cajetilla de cigarrillos de $4.068 a $11.200 y establecer nuevos impuestos para vapeadores.
El Gobierno justifica estas medidas en objetivos de salud pública, citando al Banco Mundial, que estima que el rediseño del impuesto evitaría 1.400 muertes.
En resumenLa propuesta de incrementar fuertemente los impuestos a licores y cigarrillos, aunque se justifica en metas de salud pública, enfrenta una férrea oposición. La industria y los gobiernos departamentales alertan que, en lugar de mejorar el recaudo, la medida podría disparar el contrabando, afectar gravemente las finanzas regionales y poner en riesgo la sostenibilidad del sector licorero formal.