La propuesta se fundamenta en la necesidad de ampliar la base tributaria y se apoya en cifras de la DIAN que revelan un patrimonio líquido de estas entidades cercano a los $19 billones de pesos en 2023, con ingresos brutos que superaron los $8 billones.

En Colombia hay aproximadamente 8.000 iglesias registradas que estarían sujetas al nuevo régimen. La medida ha encontrado resistencia en el Congreso; la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, rechazó la propuesta argumentando que "el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad", y anunció que se opondrá a la iniciativa, tal como lo hizo en 2022.