Además, se propone eliminar la deducción por dependientes, un beneficio que favorecía a trabajadores con cargas familiares.

En el impuesto al patrimonio, el cambio más drástico es la reducción del umbral de entrada, que pasaría de 72.000 UVT (aproximadamente $3.585 millones) a 40.000 UVT (cerca de $1.992 millones).

Con esto, el Gobierno estima que se sumarían 105.332 nuevos contribuyentes. Adicionalmente, se establecen nuevas tarifas progresivas que llegan hasta el 5% para los patrimonios más altos.

Analistas como Mauricio Marín Elizalde advierten que estas medidas podrían desincentivar la planificación patrimonial y provocar una fuga de capitales, afectando la estabilidad jurídica y económica.