Esta iniciativa, la tercera del mandato del presidente Gustavo Petro, se presenta como un pilar para garantizar la estabilidad fiscal del país a mediano plazo. El proyecto, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contempla una amplia gama de modificaciones al Estatuto Tributario, con el objetivo de fortalecer la progresividad del sistema y asegurar los recursos para la inversión social. El Gobierno ha insistido en que la reforma está dirigida a los sectores de mayores ingresos y que no afectará los productos de la canasta familiar. Entre las principales medidas se encuentran ajustes en el IVA para vehículos híbridos, bebidas alcohólicas y juegos de azar; un aumento gradual del IVA a los combustibles fósiles; y cambios en el impuesto de renta para personas naturales y jurídicas, incluyendo una sobretasa para el sector financiero. Además, se proponen nuevos gravámenes para las actividades comerciales de las iglesias, un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón, y un aumento en la tributación de ganancias ocasionales y patrimonio. El ministro Ávila ha defendido la propuesta como un "gran pacto fiscal" que busca dar sostenibilidad a las finanzas públicas más allá del actual gobierno, y ha solicitado un debate "serio y responsable" en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un ambiente político adverso, dado que se tramitará en un año preelectoral y ya ha generado un fuerte rechazo de diversos sectores que la consideran la más grande de la historia reciente.