Esta estrategia permitiría al Gobierno evitar las negociaciones y recortes que exigiría el Legislativo, aprobando así los montos de gasto que desea inicialmente.

Además, le proporcionaría una narrativa política de victimización, culpando al Congreso por no proveer los recursos necesarios para los programas sociales.

El exministro José Manuel Restrepo comparte esta visión, al señalar que la reforma “termina siendo más bien una forma de victimizarse por parte del Gobierno ante la altamente probable derrota en el Congreso”. Este patrón ya se observó en 2024, cuando la ley de financiamiento fue negada y el presupuesto de 2025 tuvo que ser ajustado y finalmente expedido por decreto. La repetición de esta táctica en 2025 agravaría la incertidumbre fiscal y sentaría un precedente de debilitamiento del debate democrático en materia presupuestal, dejando al país con un alto nivel de gasto sin el correspondiente respaldo de ingresos permanentes.