La propuesta no es nueva, pero su inclusión en la reforma ha reavivado el debate.

El Gobierno argumenta que es una cuestión de equidad tributaria, buscando que las actividades con ánimo de lucro, independientemente de quién las realice, paguen los impuestos correspondientes. Datos de la DIAN citados en los artículos indican que las iglesias en Colombia acumulan un patrimonio líquido cercano a los 19 billones de pesos y registraron ingresos brutos por más de 8 billones en 2023, lo que subraya el potencial de recaudo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia de sectores religiosos y políticos. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, ha calificado la medida como una carga que desconoce “la naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad” de las iglesias, y ha prometido oponerse a su aprobación en el Congreso. La principal dificultad radica en definir con claridad qué se considera una “actividad mercantil” y qué forma parte de la labor religiosa, una distinción que, según el ministro de Hacienda, quedará en manos de la DIAN.