Adicionalmente, se modificaría el impuesto al consumo, estableciendo un componente ad valorem del 30% sobre el precio final y uno específico de 1.000 pesos por grado de alcohol por litro. Este conjunto de medidas, según Asobares, podría encarecer las bebidas cerca de un 30%. Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), fue más allá y calculó que una botella de aguardiente podría pasar de 37.000 a 52.000 pesos, un incremento cercano al 45%. Ramos advirtió que esto podría ser “el fin de la industria licorera en Colombia”, ya que un alza tan drástica incentivaría “el contrabando y el consumo de licor adulterado”. Esta preocupación es compartida por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien señaló que la medida es “profundamente inconveniente para los departamentos”, pues el aumento del contrabando reduciría los ingresos destinados a salud, educación y deporte. Actualmente, el contrabando de aguardiente ya alcanza el 36% y el de cigarrillos el 40%, cifras que podrían crecer de manera alarmante con la nueva carga impositiva. El Gobierno, por su parte, justifica los incrementos como una medida de salud pública para desincentivar hábitos nocivos.