Esta medida aplicaría a entidades como bancos, aseguradoras y comisionistas de bolsa.

El Gobierno justifica la propuesta argumentando que busca "equiparar las condiciones tributarias entre los distintos sectores económicos". Según la exposición de motivos del proyecto, el sector financiero goza de beneficios fiscales que resultan en una tarifa efectiva baja en comparación con otras industrias, por lo que se considera necesario equilibrar la carga impositiva. La sobretasa, que fue extendida en la reforma de 2022, ahora se plantea como una medida permanente.

Con esta disposición, el Ejecutivo estima un recaudo adicional de $1,2 billones en 2026, cifra que podría alcanzar los $2,9 billones hacia 2030.

Sin embargo, la medida ha sido recibida con preocupación por analistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien advirtió que aumentar la tributación al sector financiero es un "error repetido de reformas anteriores" que puede desincentivar la inversión. A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene la propuesta como uno de los pilares para alcanzar su ambiciosa meta de recaudo.