La propuesta reduce el umbral a partir del cual las personas naturales deben declarar este gravamen, pasando de 72.000 UVT (aproximadamente $3.585 millones) a 40.000 UVT (cerca de $1.992 millones). Con esta modificación, se estima que el número de contribuyentes obligados a pagar este impuesto aumentaría de 32.397 a 105.332. Además de ampliar la base de contribuyentes, la reforma introduce nuevas tarifas marginales y progresivas que elevan la carga para los patrimonios más altos. La estructura propuesta comienza con una tarifa del 0,5 % para patrimonios líquidos superiores a 40.000 UVT y escala hasta un 5 % para aquellos que superen los 2.000.000 de UVT. Según la exposición de motivos del proyecto, esta medida tiene como objetivo "impulsar la progresividad del sistema tributario al aumentar los recursos provenientes de los contribuyentes ubicados en la parte alta de la distribución de ingresos y riqueza".

El Ejecutivo calcula que con estos cambios se podrían recaudar $2,2 billones adicionales en 2026. Sin embargo, expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, han advertido que este tipo de impuestos "puede hacer que los inversionistas se vayan", un riesgo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha desestimado afirmando: "No, no, eso no se van". La medida es uno de los pilares de la reforma para aumentar el aporte de las personas de mayores ingresos.