Segundo, unificar el impuesto al consumo con un componente "ad valorem" del 30 % sobre el precio de venta al consumidor. Tercero, añadir un componente específico de $1.000 por cada grado de alcohol por litro, el cual se ajustaría anualmente con la inflación más cuatro puntos porcentuales. Este conjunto de medidas, según el Gobierno, busca "internalizar los costos sociales" del consumo de alcohol y generar recursos para financiar políticas compensatorias. La propuesta ha sido destacada por analistas y gremios como uno de los puntos más sensibles de la reforma, con un potencial de recaudo estimado en $7,8 billones para 2026, pero también con un previsible impacto en el bolsillo de los consumidores y en la industria de bebidas.