Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, este ajuste implicaría un alza inicial de $466 por galón de gasolina y $256 por galón de ACPM en 2026, lo que encarecería significativamente el transporte y la movilidad. El Gobierno justifica la medida no solo por su potencial de recaudo, que podría alcanzar los $8,17 billones en 2030, sino también como una estrategia para "desestimular el consumo de combustibles fósiles y fomentar la transición" energética. David Jiménez, presidente de COMCE, advirtió que la propuesta "va a generar un impacto significativo en el precio interno de los combustibles". Críticos de la medida señalan que, aunque el Gobierno asegura que la canasta básica no será gravada, el aumento en los combustibles podría tener un efecto inflacionario indirecto al encarecer el transporte de alimentos y otros bienes. El Ministerio de Hacienda ha intentado minimizar este efecto, calificándolo de "marginal" y transitorio, pero la propuesta sigue siendo uno de los puntos más sensibles del debate por su impacto directo en el costo de vida de los colombianos.