La nueva propuesta busca limitar drásticamente esa exención, manteniéndola principalmente para la industria manufacturera.

Sectores como la agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, construcción, y empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, entre otros, volverían a pagar esta sobretasa.

La medida ha generado una fuerte reacción.

Gremios empresariales, especialmente en la región Caribe, y figuras políticas como el senador Efraín Cepeda, han advertido que este incremento generará un "efecto dominó", aumentando los costos de producción, afectando la competitividad de las empresas y, en última instancia, trasladando mayores precios a los consumidores en alimentos, vivienda y servicios públicos. Por su parte, el Gobierno defiende la propuesta como una corrección necesaria para mejorar la eficiencia del gasto tributario, asegurar la sostenibilidad fiscal de los subsidios y promover un uso más eficiente de la energía en las industrias que dejarían de estar exentas.