El Gobierno Nacional ha publicado un borrador de decreto que busca modificar el régimen de exenciones de la 'Contribución de Solidaridad' en el servicio de energía, lo que en la práctica restablecería una sobretasa del 20% para varios sectores industriales. Esta contribución, creada en 1994, tiene como fin subsidiar las tarifas de energía de los estratos 1, 2 y 3, y desde 2012 eximía a la mayoría de los usuarios industriales de su pago. La propuesta del Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con Hacienda, busca focalizar la exención únicamente en la industria manufacturera, con el objetivo de avanzar en la política de reindustrialización. Sin embargo, sectores como la agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, construcción, y suministro de agua y saneamiento, entre otros, volverían a pagar esta sobretasa. Según el Gobierno, esta medida generaría un ahorro fiscal de 1,4 billones de pesos y ayudaría a disminuir el déficit del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). El ministro Edwin Palma aclaró que “no significaría un aumento del 20 % en el servicio de energía para los usuarios (residenciales), lo que se pretende es seguir apoyando el pago por menores tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.
La iniciativa ha generado fuertes críticas.
El senador Efraín Cepeda denunció que la medida tendrá un “efecto dominó” que impactará negativamente el costo de vida al incrementar el precio de alimentos, vivienda y servicios públicos. Gremios como la Cámara de Comercio del Huila también han expresado su preocupación, advirtiendo que la medida afecta la liquidez y capacidad operativa de las empresas, especialmente las mipymes, y que podría trasladar mayores costos al consumidor final.
En resumenEl Gobierno busca, vía decreto, eliminar la exención de una sobretasa de energía del 20% para sectores como agricultura, minería y construcción, con el fin de recaudar $1,4 billones para subsidios. La medida, que mantendría exenta solo a la industria manufacturera, ha sido criticada por gremios y congresistas, quienes alertan sobre un posible aumento en los costos de producción y precios al consumidor.