El Gobierno argumenta que la exención actual representa un costo fiscal de casi $3 billones anuales y propone focalizar el beneficio únicamente en la industria manufacturera. Esto implicaría que sectores como la agricultura, ganadería, minería, construcción y empresas de servicios públicos de agua y saneamiento vuelvan a pagar el 20% adicional. El Ejecutivo estima que la medida generaría un ahorro fiscal de $1,4 billones.

Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada.

El senador Efraín Cepeda denunció que generará un "efecto dominó" que incrementará el precio de alimentos, vivienda y servicios públicos. Gremios empresariales, como la Cámara de Comercio del Huila, han alertado que la medida afecta la liquidez y capacidad operativa de las empresas, especialmente de las microempresas, y que podría trasladar los costos al consumidor final.