Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por su sustento técnico.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) fue enfático al señalar que la solicitud del ministerio no presenta una “explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en una situación fiscal como la actual”, dado que el principal desequilibrio macroeconómico es precisamente el fiscal, que no es un evento extraordinario o sobreviniente como lo exige la norma. El CARF advirtió que la situación de las finanzas públicas es “crítica” y que la activación de la cláusula “no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales”. En la misma línea, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que recurrir a esta medida “enviará una señal negativa a los mercados internacionales, incrementando el costo del endeudamiento para el país”. De hecho, los seguros de riesgo de impago (CDS) de Colombia ya se ubican por encima del promedio de países con calificación similar.

La Contraloría General también se pronunció, indicando que la estabilidad económica “no debe garantizarse sacrificando la disciplina fiscal”.