Diversos actores políticos y económicos han expresado su preocupación.

La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) hizo un llamado a la responsabilidad fiscal, pidiendo que el presupuesto se base en “ingresos reales y comprobables”. Su presidenta, María Claudia Lacouture, advirtió que “no se puede proyectar un gasto sin sustento claro sobre de dónde provendrán los recursos”, ya que esto aumenta la incertidumbre.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó el monto del PGN como el segundo más alto de la historia en relación con el PIB (28,8%) y pidió discutir un presupuesto “más austero”. En el Congreso, la discusión es intensa. La senadora Angélica Lozano, ponente del proyecto, ha advertido que el trámite paralelo del presupuesto y la reforma tributaria podría ser una estrategia del Gobierno para que, si el Congreso niega la reforma, pueda “expedir el presupuesto por decreto y asumir deudas elevadísimas”. Por otro lado, congresistas de la oposición, como Christian Garcés del Centro Democrático, han propuesto un recorte de al menos $39 billones al presupuesto, argumentando que una nueva reforma golpeará el bolsillo de los colombianos. El contralor delegado de economía y finanzas, Alejandro Ovalle, también alertó que “si no se aprueba la ley de financiamiento, tendremos que hacer un recorte bastante importante”, lo que afectaría principalmente la inversión.