La propuesta ha sido duramente criticada por gremios y congresistas.

El senador Efraín Cepeda denunció que la medida generará un “efecto dominó que impactará negativamente el costo de vida de los colombianos”, afectando el precio de alimentos, vivienda y servicios públicos. La Cámara de Comercio del Huila expresó su preocupación, señalando que la sobretasa “afecta de manera importante la liquidez y la capacidad operativa de las empresas”, especialmente de las microempresas. Por su parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, argumenta que la medida busca justicia social y eficiencia. El ministro Edwin Palma aclaró que “no significaría un aumento del 20% en el servicio de energía para los usuarios”, sino que las industrias no exentas volverían a colaborar en el pago de subsidios.

La representante María Fernanda Carrascal defendió la propuesta preguntando: “¿Por qué las familias de mayores ingresos sí están contribuyendo, pero las grandes empresas no?”.

El Ministerio de Hacienda estima que el impacto en los costos de producción de los sectores afectados sería menor, con un incremento promedio del 0,13%.